Ampliación migratoria y aplazamiento de multas

Marco Badilla C.
Abogado y Ex director de Migración y Extranjería

Con un nuevo Decreto Ejecutivo (No. 37990-G publicado en La Gaceta No. 203 del pasado 22 de octubre) el Gobierno decidió “ampliar” el plazo del período de regularización migratoria, conocido técnicamente como “régimen de excepción” y más comúnmente como “régimen transitorio” o “amnistía”, establecido inicialmente por un decreto anterior (No. 37673-G, publicado el pasado 26 de abril). El nuevo período rige por diez meses, del 18 de setiembre de 2013 hasta el 31 de julio de 2014, y complementa el período anterior que operó del 17 de junio al 17 de setiembre de 2013.

El decreto amplía el período de regularización de trabajadores migrantes, siempre que provengan de los sectores agrícola y de la construcción (albañiles, carpinteros y peones), así como del área de servicio doméstico. Además, posterga una vez más la aplicación de multas migratorias, atinentes al artículo 33, inciso “3”, y 177 de la Ley General de Migración y Extranjería No. 8764 (US$ 100 por mes de atraso a quienes sobrepasen su permanencia legal, o castigo migratorio de no ingreso al país por un lapso relativo; así como multas a los patronos que contraten migrantes irregulares). Así, dichas multas ya no regirán a partir del 23 de octubre pasado, y se aplicarán hasta el 1 de agosto de 2014.

Las novedades consisten en que los patronos podrán regularizar a los migrantes de los sectores indicados —aún con su permanencia vencida—, siempre que puedan demostrar una relación laboral establecida al menos al 18 de setiembre de 2013. En el anterior decreto ese límite se orientaba al 31 de diciembre de 2012.

Los requisitos se mantienen: entre otros, escrito de solicitud, formulario de filiación, dos fotografías, copias del pasaporte, contrato de trabajo, certificaciones de nacimiento y antecedentes penales emitidas por los consulados locales. Salvo los costos posteriores a la aprobación por los estatus de “Categorías Especiales”, no proceden tampoco en esta fase los pagos de US$ 200°° y de US$ 50°°.

Sin embargo, para los efectos de servidores domésticos, se agrega ahora una restricción en términos de género y de nacionalidad, que en el anterior decreto no existía. Literalmente se señala: “…aplicará para las personas mujeres trabajadoras del área del servicio doméstico cuya nacionalidad se encuentre circunscrita a los países centroamericanos”. Esta exclusión parece rayar en términos de discriminación para los hombres, así como para aquellas servidoras domésticas que provienen de Suramérica y otros países, en detrimento del principio constitucional de igualdad.

Los considerandos previos del decreto reconocen oficialmente la necesidad de ampliar el plazo del período de regularización iniciado en junio pasado, pero que al parecer no cumplieron con las metas propuestas. Aunque se desconocen las cifras exactas en cuanto a extranjeros que aplicaron en el anterior régimen de junio – setiembre, oficialmente se esperaba que abarcara a una población de 200,000 a 260,000 trabajadores migrantes. No obstante, a menos de un mes de culminar dicho régimen en agosto pasado, las autoridades migratorias señalaron que solamente 1,000 extranjeros habían presentado sus solicitudes de permiso laboral. Haciendo un cálculo aproximado de que los interesados hubiesen llegado a un máximo de 2,000 extranjeros al finalizar el término (17 de setiembre de 2013), ello representaría que menos de un 1 % de la cantidad esperada habría acudido al primer llamado migratorio.

Esta segunda fase del régimen de excepción, parece orientarse a enmendar el gran fracaso de la primera fase, ahora por un lapso más prolongado, en donde interesaría distinguir cuales fueron las razones por las que la población extranjera en condición irregular no atendió el llamado inicial. Si las diferentes cámaras y organizaciones interesadas supuestamente han clamado por la extensión de este régimen bajo condiciones favorables para sus trabajadores, especialmente los sectores empresariales agrícolas, los motivos de indolencia migratoria podrían estar alojados en otros ángulos.

La actual administración lanza esta ampliación migratoria al final de su mandato, sobrepasando incluso el término de su gobierno. Independientemente de enfrentar el reto de regularizar a más de 200,000 trabajadores migrantes, el problema de fondo es más serio y debería girar más bien en cuanto a la interrogante de cómo ordenar integralmente a la totalidad de la población extranjera irregular, estimada en una cantidad que sería muchísimo mayor, la cual permanece oculta y sin control desde hace varios años.

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